El PSOE pide al Estado que la ley de memoria histórica permita declarar nulas todas las condenas y sanciones

XH/ El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una proposición no de ley por la que pide que el Gobierno de España promueva la modificación de la ley de memoria histórica con el fin de articular un procedimiento que permita la declaración individual de nulidad de todas las condenas, sanciones y otras formas de violencia personal producidas por razones políticas, ideológicas, de creencia religiosa o por su condición sexual durante la Guerra Civil y posterior dictadura, emitidas por tribunales u órganos penales o administrativos.

En este sentido, la portavoz de Cultura del PSOE, María Victoria Hernández, recuerda que el Informe del Relator Especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, de julio de 2014, recomienda “identificar mecanismos idóneos para hacer efectiva la nulidad de las sentencias adoptadas en violación de los principios fundamentales del derecho y del debido proceso durante la Guerra Civil y el franquismo”.

Explica que con la propuesta del PSOE, se pide también al Gobierno de Canarias que articule todas las medidas normativas y administrativas necesarias para asegurar la integridad de las fosas de víctimas localizadas y que se encuentren en un futuro, así como a favorecer su exhumación.

Entre esas medidas, se apunta en la propuesta a las relativas a la ordenación del territorio para impedir que el desarrollo de cualquier actividad humana destruya restos o las relacionadas con el fomento, ejecución y financiación de las investigaciones científicas tendentes a la localización, exhumación e identificación de las víctimas. Se insta además a elaborar un protocolo de exhumaciones y conservación de restos humanos, a promover la creación, a nivel nacional, de un banco público de ADN de restos localizados y no identificados, así como de familiares de las víctimas para facilitar su identificación.

Otra de las propuestas es la creación de un órgano de coordinación, al menos, entre la Administración General del Estado, la Comunidad Autónoma de Canarias, la Federación Canaria de Cabildos, la Federación Canaria de Municipios, el Instituto de Medicina Legal, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, las universidades públicas canarias y las asociaciones de memoria histórica de Canarias, a los efectos de canalizar las iniciativas tendentes a la localización, exhumación e identificación de las víctimas.

Hernández indica que con la PNL se solicita la inclusión, en los contenidos curriculares de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato, de los relativos a la memoria histórica que abarquen el horizonte temporal del 14 de abril de 1931 hasta la aprobación del primer Estatuto de Autonomía de Canarias. Asimismo, se pide que se incorpore, en el desarrollo de medidas legales y administrativas tendentes a asegurar la conservación, estudio y divulgación del patrimonio documental de Canarias, la creación de un centro documental de la memoria histórica o, en su defecto, el acceso sistematizado al mismo de los centros de investigación histórica o encargados de localización de víctimas.

Otras de las medidas contempladas en la iniciativa van en la línea de que el Gobierno canario asesore al conjunto de ayuntamientos en el cumplimiento de la ley de memoria histórica en cuanto a la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura.

María Victoria Hernández explica que, por otra parte, con la propuesta del PSOE se invita al Parlamento a que condene las graves violaciones de los derechos humanos cometidas en España entre los años 1936 y 1975 como consecuencia de la Guerra Civil y posterior dictadura, y a que exprese su solidaridad con quienes padecieron persecución, violencia, muerte o internamiento por razones políticas, ideológicas, de creencia religiosa o por su condición sexual durante este periodo, al tiempo que se reconozca la labor desarrollada por las asociaciones que hoy los representan.

Por último, se pide al Parlamento que inste al conjunto de administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, a promover la reparación moral de las víctimas y la recuperación de su memoria personal y familiar; también a adoptar medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de división entre los ciudadanos, todo ello con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones de españoles en torno a los principios, valores y libertades constitucionales.

La diputada palmera anuncia que esta no será la última iniciativa que presentará el Grupo Socialista, que sigue trabajando para dar un impulso a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica en Canarias ante el olvido a la que la ha sometido el Gobierno de España en los últimos cuatro años.