“El estatuto de altos cargos facilitará a la ciudadanía el control de los asuntos públicos”

XH/ El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Iñaki Lavandera, afirmó este martes que el Estatuto de Altos Cargos y Buen Gobierno “facilitará a la ciudadanía el control de los asuntos públicos”. Como recordó, se trata de un anteproyecto de ley cuya tramitación ha iniciado el Gobierno de Canarias, con el propósito de evitar a toda costa los potenciales conflictos de intereses y dar mayor transparencia a la gestión para que la gente pueda sacar sus propias conclusiones”.

En el pleno del Parlamento, recordó que el acuerdo para la gobernabilidad de Canarias contiene una serie de medidas para alcanzar ese objetivo. Indicó que si en la pasada legislatura, la ley de transparencia supuso un hito en el acceso de la ciudadanía a la información pública, “que está permitiendo el mayor control directo de la acción política de toda la democracia”, el futuro Estatuto de Altos Cargos y Buen Gobierno “marcará un camino sin vuelta atrás en la clarificación del interés general como objetivo a alcanzar por los y las dirigentes políticos”.

El portavoz del PSOE hizo hincapié en que se trata de “debatir sobre la generación de un marco democrático sólido y fundamentado en los valores del gobierno abierto, uno de los proyectos de mayor alcance para esta legislatura y en el que viene trabajando el Ejecutivo canario desde el año pasado”. Afirmó que se trata de una ley muy ambiciosa, cuyo primer borrador está tramitándose como un anteproyecto en el marco de las actuaciones contra la corrupción incluidas en el pacto regional.

Iñaki Lavandera admitió que ninguna normativa que se apruebe y aplique “podrá garantizar al cien por cien que determinados elementos indeseables de la sociedad utilicen la política en beneficio propio”, pero explicó que esto “no debe ser obstáculo para que se lo pongamos muy difícil”. Valoró que ya no baste con que se fije un procedimiento y unos responsables de su tramitación para determinar si un representante político tiene intereses en un asunto, “sino que ahora la sociedad demanda poder conocer toda la información para hacerse su propio juicio de valor”.

Como ejemplo de ello, describió el siguiente ejemplo: “Supongamos que un ministro adopta una serie de decisiones que suponen un freno al desarrollo de energías renovables en España, el allanamiento a la práctica del fracking para la obtención de combustibles y la autorización a una multinacional del petróleo para haga prospecciones petrolíferas en aguas, por ejemplo, de Canarias. Supongamos, además, que esa multinacional manda a hacer las prospecciones a un buque con bandera en un paraíso fiscal, como las Islas Marshall y, ante el temor de que unos corsarios ecologistas los embistan con una zodiac, el Gobierno de España, en el que está sentado ese ministro, decida mandar para protegerlo al Ejército, cuyos medios pagamos con los impuestos de los que no tenemos dinero en paraísos fiscales”.

El portavoz del PSOE explicó que ante estas hipótesis, “posibles, la ciudadanía respondería, pero a lo que no podría responder es a hechos que desconoce porque, entre otras cuestiones, no es obligado hacerlos públicos”. Al ejemplo anterior añadió la “suposición” de que ese mismo ministro tiene un hermano que una semana después de aprobarse el proyecto de ley que autoriza el fracking y un mes antes de autorizarse las prospecciones en Canarias, constituye y administra en Londres una sociedad dedicada al comercio de hidrocarburos.

“Esto sí que no ha entrado en el juicio de valor que haría la sociedad y creemos que debería conocerse desde un primer momento”, concluyó Lavandera, quien consideró necesario potenciar marcha medidas de regeneración democrática en una apuesta clara por la transparencia. “El PSOE se lo toma muy en serio, por lo que pido el compromiso de la Cámara para sacar adelante esta norma, cuando llegue, con el mayor de los consensos posibles”, dijo ante el pleno de la Cámara.