Patricia Hernández pide una ley de segunda oportunidad que defienda el derecho a tener un hogar
Patricia Hernández pide una ley de segunda oportunidad que defienda el derecho a tener un hogar
La vicepresidenta del Gobierno de Canarias y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Hernández, ha pedido al Gobierno del Estado que impulse una ley de segunda oportunidad que "defienda el legítimo derecho de los ciudadanos a tener un hogar", ha asegurado.
Hernández ha hecho hoy estas declaraciones en el marco de la celebración de la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo celebrada en Madrid para tratar del nuevo Plan de Vivienda estatal 2018-2021, en la que ha pedido, en consonancia con otras comunidades autónomas, la retirada del recurso de inconstitucionalidad que mantiene bloqueada la Ley Canaria de Vivienda.
"Hemos pedido, y hemos sido varias las comunidades, que se retiren los recursos de inconstitucionalidad a garantizar el derecho subjetivo a la vivienda. Y, en cualquier caso, que se legisle una ley de segunda oportunidad que defienda a los ciudadanos", ha asegurado Hernández, quien ha estado acompañada en la reunión por el director general de Vivienda del Gobierno de Canarias, José Gregorio Pérez Medina.
La vicepresidenta del Gobierno ha explicado que "hemos reclamado hablar de emancipación de aquellos jóvenes, y no tan jóvenes, que viven con sus padres, que se adopten medidas para que puedan emanciparse y también de la posibilidad de ampliar el parque de vivienda pública, bien mediante la construcción o bien adquiriendo vivienda privada para hacerla pública", ha agregado.
La también consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda ha resaltado que una de las exigencias de Canarias en el seno de la Conferencia Sectorial ha sido que el nuevo Plan de Vivienda sea flexible y se adapte a la realidad del archipiélago.
"No es lo mismo una isla que otra ni es la misma la realidad de Canarias que la de Madrid", ha agregado Hernández, quien ha defendido la necesidad de dotar de mayor estabilidad a los planes estatales de vivienda y que estos sean aprobados con una periodicidad superior a los actuales cuatro años.
