Sanidad en Canarias: cuando el derecho se convierte en espera

Quienes utilizamos la sanidad pública en Canarias no necesitamos grandes informes para saber que el sistema sanitario no está funcionando. Lo sabemos cuando intentamos pedir una cita en Atención Primaria. Lo sabemos cuando nos dicen que nuestro médico nos verá dentro de semanas, o cuando escuchamos que una ecografía puede tardar más de seis meses. Lo sabemos cuando entramos en urgencias y asumimos, desde el primer momento, que la espera va a ser larga.

Las listas de espera forman parte del día a día de la sanidad canaria y por tanto, de nuestras propias vidas. Personas que llevan meses e incluso años pendientes de una prueba diagnóstica o de una operación que se pospone una y otra vez, pacientes que ven como su problema de salud empeora sin recibir respuesta, familias que reorganizan su tiempo alrededor de citas que se retrasan constantemente. En urgencias, los pasillos llenos y las camillas alineadas ya no nos sorprenden. Se ha normalizado lo que nunca debería ser normal.

La imagen es conocida porque muchos la hemos vivido en primera persona: camas amontonadas en los servicios de urgencias, separadas apenas por unos centímetros, pacientes atendidos en espacios improvisados y profesionales trabajando sin descanso en condiciones lamentables. Muchas veces son personas mayores las que pasan horas en los pasillos de urgencias, sin la dignidad ni la intimidad que cualquier atención sanitaria debería garantizar. No hablamos de situaciones puntuales ni excepcionales. Hablamos de una sanidad pública que funciona al límite cada día.

Y frente a esta realidad, la respuesta de CC y PP no ha sido reforzar decididamente el sistema público, sino apostar, cada vez más, por los conciertos sanitarios. No se deriva a la privada porque sea mejor para la sanidad pública, sino porque se ha convertido en un negocio. Un negocio que crece a medida que se debilitan los hospitales y centros de salud públicos.

El concierto de la sanidad pública con clínicas privadas suele presentarse como una solución rápida, porque en algunos casos puede aliviar las listas de espera. Pero esa solución tiene límites evidentes. La sanidad privada llega hasta donde llega: hay pruebas, intervenciones y procesos complejos que no puede asumir porque no tiene la capacidad de respuesta que sí tiene el sistema público. La mayoría de esos casos acaban regresando a la sanidad pública, generando una doble congestión.

Canarias se sitúa entre las comunidades con mayor peso de la sanidad concertada, con un aumento constante de derivaciones, camas privadas y servicios externalizados. Cada euro que se destina a estos conciertos es un euro que se deja de invertir en reforzar la atención primaria, en abrir quirófanos públicos o en contratar más profesionales. No es una solución estructural: es una huida hacia adelante que beneficia a unos pocos y debilita el derecho de todos.

Si algo sostiene hoy la sanidad pública canaria es el compromiso de sus profesionales sanitarios. Lo vemos cada vez que acudimos a una consulta o a urgencias: médicos, enfermeras, técnicos y personal auxiliar trabajando desbordados, encadenando turnos, cubriendo ausencias y asumiendo una presión constante. En Canarias, además, el problema de la estabilización del personal es especialmente grave. Los procesos avanzan con retrasos inadmisibles, manteniendo a miles de profesionales en una precariedad prolongada que afecta tanto a la calidad asistencial como a su propia vida personal y familiar.

No se puede pedir excelencia a un sistema que trata así a quienes lo sostienen. No se puede hablar de calidad asistencial mientras se normaliza la sobrecarga, el agotamiento y la fuga de profesionales hacia la sanidad privada.

A esta situación se suman hechos especialmente graves que también conocemos de cerca, como operaciones que se suspenden por falta de recursos, incluso por falta de sangre. Que en pleno 2026 se tengan que cancelar intervenciones quirúrgicas por este motivo no es una anécdota: es la consecuencia directa de un sistema sin planificación suficiente y sin inversión real.

Y, pese a todo, desde el Gobierno de CC y PP se insiste en que no se puede seguir incrementando el gasto sanitario. Desde nuestra experiencia cotidiana sabemos que esa afirmación parte de una premisa profundamente equivocada. La sanidad no es un gasto, es una inversión. Inversión en salud, en dignidad, en igualdad y en futuro. Cada prueba que se retrasa, cada intervención que se pospone, cada profesional que abandona el sistema tiene un coste humano que acabamos pagando como sociedad.

Canarias merece una sanidad pública fuerte, cercana y humana. Merecemos centros de salud que funcionen, hospitales con recursos suficientes y profesionales reconocidos y cuidados. Todo lo demás son excusas. Ya hemos esperado demasiado.