El PSOE insta al Gobierno a modificar ya la norma que obstaculiza que todos los Ayuntamientos dispongan de un tesorero

La responsable de Política Municipal de la Comisión Gestora del PSOE, Lola Padrón, ha reclamado hoy al Gobierno que atienda la petición del presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Abel Caballero, para modificar de manera inmediata la norma que obstaculiza que todos los Ayuntamientos dispongan de un tesorero.

La dirigente socialista ha resaltado que este problema “es un efecto colateral más de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), al eliminar la cobertura legal a la prestación de las funciones de tesorería desempeñada por concejales, como ocurría hasta ahora”.
En concreto, Padrón pide al Gobierno que de alguna manera “clarifique la situación y arregle el problema en el que se pueden encontrar miles de pequeños y medianos municipios, que no disponen de los medios ni los recursos necesarios y además, no se han convocado las plazas necesarias para cubrir todos los puestos que hacen falta. Lo que queremos es que ningún ayuntamiento deje de realizar su labor ni de prestar sus servicios porque no disponga de un tesorero”.

Según Padrón, esta es “una prueba más de la insensibilidad del Gobierno ante las demandas del municipalismo, ya que la FEMP advirtió hace más de un año de las consecuencias de esta medida”, concretamente en una de las Resoluciones aprobadas en el Pleno la Federación, celebrado en septiembre de 2015, que posteriormente fueron enviadas al Ministerio de Hacienda, sin ningún tipo de respuesta por su parte.

Padrón ha señalado que, “si el Gobierno no hace nada ante este grave problema, desde el PSOE llevaremos sendas iniciativas al Congreso y al Senado para exigir una solución por vía parlamentaria”.

Por último, la responsable municipal ha anunciado que “una vez más, como venimos haciendo en los últimos meses, los socialistas pondremos voz a las demandas del mundo local, e impulsando iniciativas parlamentarias como las que exigen la derogación de la LRSAL, la flexibilización del techo de gasto, la posibilidad del uso del superávit, la paralización de la disolución de las empresas públicas o el aplazamiento del pago a proveedores, entre otras”.