El PSOE pedirá en la Cámara que las nuevas instalaciones se ubiquen en Cabo Llanos

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una proposición no de ley por la que solicita al Gobierno de Canarias que realice las gestiones administrativas necesarias para facilitar, en relación con el suelo de su propiedad, la ubicación en la zona de Cabo Llanos de las futuras instalaciones judiciales de Santa Cruz de Tenerife.

El portavoz de Justicia, Gustavo Matos, explica que mediante la iniciativa, el PSOE expresa su apuesta por mantener con todos los colectivos profesionales y sociales vinculados a la Administración de Justicia en Santa Cruz de Tenerife un diálogo permanente sobre la ubicación del nuevo edificio judicial de Santa Cruz de Tenerife. Asimismo, se pide al Ejecutivo regional que inste al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a realizar las gestiones administrativas y urbanísticas necesarias a los efectos de mantener en la zona de Cabo Llanos la ubicación del futuro edificio judicial.

Matos recuerda que la capital tinerfeña necesita la construcción de un nuevo palacio de Justicia que sirva para dar cobertura a las necesidades en la isla y en la provincia. “Es evidente que el actual palacio es manifiestamente insuficiente y que sus limitaciones traen como consecuencia la dispersión de órganos judiciales fuera de sus instalaciones y que los que aún se mantienen en él lo hagan en condiciones de gran precariedad”, expone.

Explica que la ubicación de las nuevas instalaciones ha generado un debate sobre la idoneidad de la elección del Gobierno de Canarias. Indica que no se trata de que el núcleo poblacional de El Sobradillo no sea merecedor de albergar esta infraestructura, sino de la conveniencia o no de descartar que el nuevo edificio judicial se ubique en la zona de Cabo Llanos.

“Todos los colectivos del mundo judicial de la provincia de Santa Cruz de Tenerife han manifestado su rechazo a que las nuevas infraestructuras judiciales abandonen la zona de Cabo Llanos, coincidiendo en la idoneidad de mantener la actividad de los órganos judiciales en esa zona por razones presupuestarias, de conectividad con el transporte público para los usuarios de toda la isla, cercanía a otros centros administrativos, etcétera”, señala.