El PSOE pide a Clavijo que anteponga Canarias a su interés personal

XH/ El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Iñaki Lavandera, adelantó hoy que pedirá al presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo, en la reunión prevista para este viernes con todas las fuerzas políticas para intentar llevar a la Conferencia de Presidentes del próximo martes una postura consensuada, que “anteponga Canarias a su interés personal”.

El diputado del PSOE valora la celebración del encuentro del próximo martes en Madrid, aunque dice “echar en falta” que no se haya producido el debate previsto mediante la presentación de una comunicación del Gobierno en el Parlamento sobre el sistema de financiación autonómica. “Un debate transparente y sometido a votación de propuestas de resolución hubiese enriquecido y legitimado la posición de Clavijo en la próxima Conferencia de Presidentes”, sostiene.

Hay que recordar que estaba previsto que se produjera una comparecencia de miembros del Gobierno de Canarias para dar cuenta, lo que al final no ha tenido lugar, por lo que el portavoz del PSOE considera “una pena” que no se haya tratado con tiempo en debate parlamentario, “sino ahora, de forma acelerada en el marco del encuentro de este viernes, en la línea de la improvisación que parece que está marcando a este nuevo Gobierno”.

A su juicio, habría sido deseable un debate más profundo. En cualquier caso, señala que es positivo defender algunas ideas que son buenas para Canarias en este encuentro: procurar que quede bien garantizado que el REF quede totalmente desligado del sistema de financiación autonómica y que este aspecto sea una consideración de partida. “Defendemos que no se inicie ahora un debate en torno a esto, sino que esté garantizado desde el principio”, insiste.

Por otra parte, explica que el PSOE aboga por que se haga un esfuerzo importante por tratar que la situación social de las comunidades autónomas tenga mayor peso a la hora de determinar el reparto de recursos en el modelo de financiación, puesto que hay que recordar que los servicios sociales son servicios públicos fundamentales. Sin embargo, añade, están ahora “totalmente infrarrepresentados” en el sistema de reparto actual, lo que perjudica a regiones que, como Canarias, han pagado más las consecuencias de la crisis.

Por esa razón, expone, se puede ver con buenos ojos que se esté hablando de incluir parámetros como la dependencia a la hora de asignar los recursos del sistema de financiación, “aunque no debe quedarse ahí, sino ampliarse a otras cuestiones de índole social”.

UNA CONFERENCIA QUE FUNCIONE

Iñaki Lavandera defiende “una Conferencia de Presidentes que funcione, que ayude a consolidar la estructura federal que el PSOE plantea para España, y por eso le pedimos a Clavijo que acuda con voluntad de llegar a acuerdos con el resto de presidentes, no solo con los del PP, y que, al mismo tiempo, sea exigente para con las necesidades de Canarias”.

El parlamentario socialista reitera la necesidad de que el presidente “se esfuerce en la búsqueda de soluciones para asegurar la sostenibilidad del Estado del Bienestar, una justa actualización del sistema de financiación autonómica, un pacto por la educación o la implantación de una tarjeta social de prestaciones, tal y como preveía el PSOE en la nueva ley de servicios sociales para Canarias”.

Señala la importancia de que desde Canarias, donde son fundamentales los recursos procedentes de los fondos europeos, se mantenga una posición de apoyo a la propuesta formulada por los presidentes socialistas en relación al desarrollo de la participación de las comunidades autónomas en los asuntos de la Unión Europea para elevar el papel que jueguen en el diseño y negociación de los fondos estructurales europeos y fondos de cohesión para el periodo 2020-2026. “Canarias como región ultraperiférica tiene un estatus especial dentro de la asignación de estos recursos, por lo que tener voz propia sería más que aconsejable para las islas”, destaca.

Por último, considera imprescindible comprender la necesidad de aumentar el gasto en sanidad pública para garantizar su sostenibilidad a un mínimo del 6,5 por ciento del PIB, actualmente por debajo del 6 por ciento en el ámbito estatal.