El PSOE pide al Estado que resuelva el conflicto de los examinadores de tráfico por su especial incidencia en Canarias

El portavoz de Comercio y Consumo del Grupo Parlamentario Socialista, Gustavo Matos, anunció este lunes que el PSOE presentará una iniciativa en la Cámara para pedirle al Gobierno de España que resuelva el conflicto de los examinadores de tráfico por su especial gravedad e incidencia en Canarias.

Matos ofreció una rueda de prensa en Santa Cruz de Tenerife junto a los representantes provinciales de las autoescuelas, José Suárez Reyes por Las Palmas y Javier Báez por Santa Cruz de Tenerife, quienes advirtieron de las graves consecuencias que este problema está ocasionando a miles de canarios que contaban con poder acceder a los exámenes en verano y que han visto truncados sus planes.

El diputado sostuvo que si el conflicto ha llegado a este nivel “es, sin duda, por el incumplimiento sistemático por el Gobierno de España de su deber de cubrir las plazas necesarias para garantizar el servicio”. Indicó que, pese a que hace meses ya se hablaba de un más que probable colapso en los exámenes, el Ejecutivo del PP ha preferido “poner en peligro a un sector del que viven cientos de familias en Canarias”.

Gustavo Matos recordó que se trata de un servicio público no gratuito cuya prestación no se garantiza en las actuales circunstancias y que ve peligrar cientos de puestos de trabajo, “cuestión que tiene la suficiente entidad como para que se pronuncie el Parlamento de Canarias”. Insistió en que el Gobierno de España “debe garantizar la cobertura de las plazas necesarias” y remarcó que solo en Canarias afecta a más de mil empleos directos, mientras que son ya unos 4.700 los alumnos afectados en las islas.

Por su parte, Javier Báez señaló que este lunes tuvo lugar el último día de huelga, que ha contado con un seguimiento inicial del 90 por ciento en la provincia tinerfeña y del 100 por cien en el último mes. Alertó de que la huelga se retomaría el 4 de septiembre con carácter indefinido, “con unos perjuicios que serían tan graves como la desaparición de la mayoría de empresas y del propio derecho de la obtención del permiso de conducir”.

Báez defendió la necesidad de que la Dirección General de Tráfico y el comité de huelga de los funcionarios examinadores intenten llegar a un acuerdo, “pero de no ser posible, una solución podría ser delegar en las comunidades autónomas estas facultades”. También José Suárez abogó por la urgente necesidad de buscar soluciones, “porque la situación se ha convertido en un caos donde las autoescuelas son rehenes de algo que no han causado”.