La provincia tinerfeña ha perdido un 18 por ciento de examinadores de tráfico desde 2012 y Las Palmas un 9 por ciento

La senadora socialista Olivia Delgado urge al Gobierno de España a “atender de inmediato” la problemática de los examinadores de tráfico. La plantilla de estos trabajadores en Canarias, como en el resto del país, ha ido perdiendo efectivos desde 2012. En el caso de la provincia de Santa Cruz de Tenerife han bajado un 18 por ciento y en la de Las Palmas, un 9 por ciento.

“Era innecesario llegar a la actual huelga porque sus reivindicaciones están muy dentro de lo razonable, así que los responsables del Ministerio deberán plantearse qué están haciendo para agravar un problema en lugar de solucionarlo”, afirma Delgado.

El Gobierno de España ha respondido a las preguntas formuladas por la senadora socialista y de esos datos se extrae la pérdida del 18 por ciento de la plantilla de examinadores de tráfico en la provincia tinerfeña (de 22 examinadores en 2012 se ha pasado a una plantilla actual de 18) y del 9 por ciento en Las Palmas (de 23 a 21 examinadores en la actualidad).

La preocupación del PSOE sobre la reducción de efectivos en la Dirección General de Tráfico durante los últimos años se ha hecho palpable en diversas reuniones como la mantenida en febrero de este año con los representantes de las academias de formación vial de Canarias y en las intervenciones en el Senado.

“La reducción de plantilla se debe únicamente a la política de no reposición de empleados públicos llevada a cabo por el Gobierno del Partido Popular, que ha supuesto que la plantilla de examinadores de tráfico se haya reducido en España un 7 por ciento, produciéndose un cuello de botella que perjudica a las autoescuelas y a los alumnos”.

“Esta situación se viene repitiendo desde hace varios años y es especialmente preocupante durante la temporada estival, a lo que ahora hay que añadir la huelga de examinadores de tráfico”, explica Olivia Delgado.

La senadora socialista insta al titular de Interior a “tomarse en serio este problema que afecta a unas 9.000 autoescuelas en todo el país y cuyo negocio depende de la Administración, a la que pagan una tasa de 90 euros por examen; merecen que se les dé un buen servicio y en un plazo razonable”.