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El PSOE expresa su preocupación por la situación de los 90 profesionales que quedan fuera de la subrogación
miércoles, 27 de junio de 2018
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La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Dolores Corujo, ha expresado la preocupación del PSOE por la situación en que quedan los 90 profesionales que trabajan en RTVC a través de subcontratas con otras productoras tras no estar contemplados en el proceso de subrogación planteado por el Gobierno de Canarias a propuesta del administrador único del ente público.

Hay que recordar que el Consejo de Gobierno se reunió de urgencia este martes para abordar las circunstancias en que se encuentra la televisión pública canaria ante el vencimiento del contrato de los servicios informativos este sábado, 30 de junio. La decisión adoptada pasa por la gestión directa de los servicios informativos hasta que se adopte un modelo definitivo por el Parlamento de Canarias, así como por la subrogación de los trabajadores.

Corujo explica que la plantilla de RTVC la conforman 306 personas, de las que se acogerían a la subrogación las 210 que trabajan en la empresa adjudicataria. “Nos preocupa enormemente la situación en que quedan las 90 personas restantes, trabajadores y trabajadoras que desarrollan su labor, sobre todo, en las islas no capitalinas, sur de Tenerife y sur de Gran Canaria”, dijo.

La portavoz del PSOE adelanta que el Grupo Socialista ha pedido la comparecencia del administrador único para que informe en la Cámara de la situación en que quedarían todas y todos los profesionales del ente público y, en especial, de sus previsiones para esas 90 personas que desempeñan su trabajo en condiciones más precarias pese a realizar las mismas funciones, con el objetivo de evitar la pérdida de empleo.

Dolores Corujo explica que el PSOE defiende la subrogación del personal porque lo entiende como un paso previo en el marco del modelo que defiende y que ha plasmado en su propuesta de ley para modificar la actual normativa por la que se rige RTVC. “Nos mantenemos en la necesidad de asegurar la prestación de unos servicios informativos íntegramente públicos y continuamos trabajando por un modelo dotado de mayor seguridad jurídica”, expresa la diputada.

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