“Es urgente que el Gobierno de España aclare si los megavatios inscritos superan el cupo de 450”

XH/ El portavoz de Industria y Energía del Grupo Parlamentario Socialista, Gustavo Matos, consideró hoy “urgente” que el Gobierno de España aclare cuántos megavatios han sido inscritos en el proceso de adjudicación de energía eólica en Canarias y si, tal y como se ha informado desde la Delegación del Gobierno en las islas, se supera el cupo de 450 megavatios hasta alcanzar los 700.

“De ser cierto, el Gobierno de España tendrá que decidir qué proyectos quedan fuera del cupo, es decir, cuáles de esos 300 megavatios de más que se han inscrito irán al sistema de desempate y decidir qué criterios utiliza para determinar quiénes se pueden acoger al sistema especial de retribución y quiénes no”, dijo el diputado.

Explicó que este asunto es “muy importante, porque fue precisamente el sistema de desempate el causante del gran lío jurídico del segundo concurso eólico, cuyas consecuencias finales estamos tratando de saber aún y que ha supuesto un retraso de más de una década en la implantación de la energía eólica en Canarias”.

Gustavo Matos señaló que mientras que el Ejecutivo del PP habla de la inscripción de 700 megavatios en relación al cupo canario a 31 de diciembre, el Gobierno de Canarias informa de que la cifra es de 422. Para aclarar la situación, el consejero compareció este martes en sesión plenaria a instancias del PSOE, indicando que no ha podido verificarlo porque es posible que la diferencia de megavatios se haya inscrito directamente en el Ministerio, sin que el Gobierno de Canarias pueda controlar ese extra de megavatios.

“Esta situación de incertidumbre resulta preocupante, de ahí la urgencia de que el Gobierno de España dé a conocer cuanto antes el dato concreto y, de corroborarse que se trata de 700 megavatios, deberá informar de los criterios que prevé aplicar para la selección de los proyectos que van a beneficiarse de una remuneración especial”, dijo el parlamentario socialista, quien hizo hincapié en la necesidad de la “mayor transparencia y claridad” de los argumentos técnicos. “Es muy posible que quienes queden fuera comiencen una nueva batalla legal en Canarias”, advirtió.