El PSOE vuelve a llevar a pleno su apuesta por una administración pública más transparente

El Grupo Parlamentario Socialista lleva al próximo pleno una proposición no de ley por la que insta al Gobierno de Canarias a modificar la ley de transparencia y acceso a la información pública con el objetivo de que se den a conocer los encuentros que los representantes de las administraciones públicas mantienen con colectivos sociales, organizaciones empresariales, personas físicas o jurídicas, etcétera.

La portavoz del PSOE, Dolores Corujo Berriel, explica que esta propuesta vuelve a constatar la apuesta socialista por una administración pública más transparente. Como recuerda, el PSOE, en el marco de sus responsabilidades dentro del Gobierno en la pasada legislatura, promovió la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública “desde el convencimiento de que la información pública constituye un elemento nuclear de la calidad democrática de cualquier sociedad”.

La diputada subraya que el acceso libre y en tiempo real a la información referida a las administraciones “contribuye a eliminar el distanciamiento con la ciudadanía y se revela como un potente antídoto frente a prácticas corruptas, que se ven dificultadas en la medida en que los datos son accesibles para las fuerzas políticas que tienen encomendada la labor de fiscalización y para la propia ciudadanía”.

Indica que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública dejó un aspecto importante fuera de su ámbito de aplicación: los encuentros que los representantes de las administraciones públicas mantienen con organizaciones empresariales o de productores, empresas individuales, profesionales de la economía o de las relaciones públicas, colectivos sociales, etcétera, actuando por sí o en representación de terceros.

“Estos colectivos y entidades se relacionan constantemente con la administración pública haciéndole llegar sus legítimas demandas, sugiriendo cambios normativos o acciones ejecutivas en defensa del sector o los intereses que representan. No cabe nada objetar a esta actividad, siempre y cuando venga referida a la defensa y promoción de intereses compatibles con la legalidad, pero no puede dudarse de que, en aras a ganar legitimidad, tal actividad debe gozar también de la adecuada transparencia”, insiste.