Un primer análisis de la nueva propuesta de financiación autonómica

El pasado viernes 9 de enero de 2026, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda del Gobierno de España presentaba públicamente la propuesta de un nuevo modelo de financiación para las 15 comunidades autónomas de régimen común, entre las que se encuentra Canarias. Presentar un modelo de financiación en los tiempos que corren es todo un acto de valentía puesto que el análisis sosegado escasea y cada vez es mayor la tendencia al histrionismo y la desmesura. Inmediatamente han salido valoraciones negativas de todo tipo, incluidas las del partido popular, algunos barones socialistas y desde el Gobierno de Canarias.

Hace unas semanas acudía a un interesante desayuno informativo donde la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias presentaba el proyecto de ley de presupuestos para la Comunidad Autonómica de Canarias del ejercicio 2026. En la presentación, la consejera señaló, con buen criterio, que había dos grandes preocupaciones a largo plazo en las finanzas canarias. En primer lugar, el próximo programa financiero plurianual de la Unión Europea, que parece que dejará todo el margen de decisión en el reparto a los estados miembros. Y, en segundo lugar, el futuro modelo de financiación autonómico, puesto que en torno a un 75% de los ingresos de los presupuestos de Canarias proceden del modelo de financiación.

Alertaba la consejera que el posible cupo catalán que se iba a plantear reduciría en unos 4.000 millones de euros los recursos para Canarias. Compensar esta pérdida de recursos sería terrible para la economía canaria, teniendo que adoptar medidas drásticas de subida de impuestos o de bajada de gasto para paliar este drenaje de recursos. Lo planteó como el peor escenario posible, pero a todos los asistentes al acto se les atragantó el desayuno.

Partiendo de este escenario pensé que el anuncio de la nueva propuesta para el modelo de financiación autonómico que sigue manteniendo a las 15 comunidades autónomas de régimen común dentro sería un alivio. Y aún más saber que Canarias no perdería 4.000 millones de euros anuales, sino que ganaría como mínimo 611 millones de euros al año. Pero la política ya no obedece a relatos coherentes, sino que el nuevo “claiming” gubernamental pasó a ser el robo de 437 millones de euros.

Los partidos del Gobierno se rasgaron la camisa. Algunos amenazaron incluso con ir a los tribunales, incluso aunque se tratase de una Ley Orgánica aprobada por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. Los analistas imbuidos en este clima de negatividad también consideraban negativa la nueva propuesta. Ahora bien, en algo sí tenían razón todos al valorar la propuesta. Todos afirmaban desconocer la letra pequeña y que hasta que no vieran los detalles pues que no se actuaría, pero ojo, estaban muy enfadados y estarían muy vigilantes.

La letra pequeña no se conoce porque aún no está. De lo que se dispone es del esbozo realizado por la ministra y las cifras manejadas por su Gabinete. Pero lo que quiero explicar en lo que resta de este análisis es lo que se conoce sobre la propuesta, que no es poco, y por qué creo que se están cometiendo errores de bulto en su evaluación. De hecho, aquí les dejo mi conclusión por adelantado: sin menoscabo de que se puedan producir mejoras en la propuesta, Canarias está tardando en dejarla bien atada. Veamos por qué.

La principal crítica que se realiza a la propuesta son las cuentas de la vieja que explicaba José Carlos Francisco. Si se reparten 21.000 millones de euros nuevos y a Canarias le corresponden 611 millones de más, entonces tomando la población ajustada de 2023 esto supondrá que mientras que a la media nacional se le asignarían 466 euros más por habitante ajustado a Canarias sólo se le asignarían 272 euros. Y qué decir si lo comparamos con los 606 euros que le corresponderían a Cataluña o los 725 euros de Comunidad Valenciana. Ahora bien, nadie destacó que a comunidades como Cantabria o Extremadura le corresponderían 0 euros más, que a La Rioja 75,5 euros o Castilla y León, Galicia y Asturias 105, 202 o 231 euros respectivamente.

Tampoco nadie tuvo en consideración verificar cuál era la lógica de este esquema de reparto de los nuevos fondos. Un simple análisis habría verificado su estrecha correlación con la posición neta de cada CCAA en el modelo actual. En el Gráfico 1 se muestra a todas las comunidades autónomas en función de si son receptoras netas de recursos o si son aportadoras. En Canarias hemos eliminado el impacto del REF que siempre incluye Ángel de la Fuente en sus cálculos, que es la fuente de la que hemos obtenido la información.

En el gráfico observamos que Canarias es la principal comunidad autónoma perceptora de recursos por población ajustada del sistema, debido básicamente a que no contribuimos nada en el IVA, pero nos beneficiamos del reparto del 75% que se realiza entre todas las regiones del régimen común. Las comunidades que menos recursos adicionales reciben del nuevo modelo son aquellas que tienen mejor posición neta como Extremadura, Cantabria, La Rioja, Galicia, Castilla y León y Asturias. Las excepciones son, precisamente, Canarias y Castilla La Mancha.

De hecho, en la ausencia de recaudación por IVA es donde radica la principal dificultad de cualquier tipo de modelo de financiación para Canarias, pues aportando cero recursos en un impuesto tan importante en la cesta de recaudación común como es el IVA para el sistema, no hay aritmética posible que permita situar a Canarias en una buena posición respecto a la media nacional. Siempre he considerado que el futuro de la financiación canaria debe pasar por una especie de “cupo inverso”.

Para mostrar cómo ha actuado históricamente esta limitación, a continuación, representamos la evolución durante el periodo 2002-2023, eliminando los recursos del REF que gestiona la Comunidad Autónoma de Canarias. El Gráfico 2 muestra un patrón muy claro de infrafinanciación de Canarias respecto a la media nacional desde 2002 hasta la actualidad y en los dos últimos modelos de financiación.

Efectivamente, tomando como base 100 el valor de la financiación homogénea efectiva a competencias homogéneas por habitante de la media de las 15 comunidades de régimen común, observamos que el valor de Canarias ha estado sistemáticamente por debajo de esa referencia. Durante gran parte del periodo se encontraba incluso por debajo del 90% y en el año 2009 alcanzamos una cifra inferior al 85%. Es decir, desde que hay datos recopilados de forma homogénea, la financiación de Canarias por población ajustada ha sido inferior a la media y siempre encontrándose entre las comunidades autónomas peor financiadas.

La situación mejoró sensiblemente entre 2014 y 2017 como consecuencia de la negociación entre Canarias y el Estado para la condonación de los 160 millones que seguían devengándose anualmente del IGTE por parte del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias, y por la inclusión, en la Ley de Presupuestos del Estado para el año 2017, de la disposición final décima novena, de modificación del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común, que supuso la desvinculación de los recursos del REF del cálculo del fondo de competitividad a partir de la liquidación de los recursos del Sistema de Financiación de 2015 y con vigencia indefinida. Dicha aplicación fue progresiva pues en 2015 se minoraba el importe del fondo en un 57% y en el año 2016 en un 30%, entrando plenamente en vigor en el año 2017. Estos cambios supusieron que nuestra financiación pasara de un 87% de la media nacional a un 95-96%, que se ha mantenido entre 2017 y 2023, lo que fue un avance importante en los intereses colectivos de Canarias.

Pues bien, si incluyéramos de forma comparativa cómo quedaría la financiación por población ajustada de Canarias respecto a la media nacional al aplicar la nueva propuesta de modelo de financiación (utilizamos para ello los cálculos realizados por Ángel de la Fuente en “Sobre la propuesta de reforma de la financiación autonómica: un primer análisis), obtendríamos que la financiación por habitante de Canarias se situaría en un 95% de la media nacional; es decir, se consolida el posicionamiento alcanzado en estos últimos años, lo que supone desde mi perspectiva un punto de partida positivo, pues no olvidemos que estos umbrales han sido obtenidos muy recientemente (a partir de 2017) y con mucho esfuerzo.

Pero lo que me parece más interesante es que el nuevo modelo de financiación propuesto viene asociado a una reforma paralela del Fondo de Competitividad Interterritorial (FCI). De tal forma que, aquellas comunidades autónomas que, como Canarias, queden con este nuevo modelo con una financiación por población ajustada por debajo de la media nacional recibirán una dotación anual extraordinaria del FCI equivalente al importe necesario para situar a esa comunidad autónoma en la media nacional. Teniendo en cuenta las circunstancias de Canarias que partiría de un 95%, según nuestras estimaciones, esto supondría recibir como mínimo en torno a 500 millones de euros adicionales del FCI.

Es decir, según el nuevo esquema propuesto, Canarias recibiría del nuevo sistema de financiación un 95% de los recursos de la media nacional por población ajustada consolidando la posición en el modelo actual, a los que se suman otros 500 millones de euros adicionales del FCI, lo que nos colocaría en un 100% de los recursos de la media nacional y, además, contaríamos por completo con todos los recursos generados por nuestro REF. El incremento estimado de recursos sería por tanto de 1.111 millones de euros para Canarias con el nuevo modelo, un aumento de 495 euros por población ajustada, superando así la aportación media que hace el nuevo sistema (466 euros).

Por estos hechos objetivos considero que la posición de partida de la propuesta realizada es buena para Canarias. Hay aspectos que se pueden mejorar, por supuesto. Habría que pelear una ponderación de un 0,6% de la insularidad en el cálculo de la población ajustada (manteniendo su nivel actual), defender que la superficie de Canarias se calculara contemplando también nuestro mares interiores (como recoge el Estatuto de Autonomía), que en el fondo climático se incluyera a Canarias en las mismas condiciones que las regiones mediterráneas dadas nuestras objetivas vulnerabilidades al cambio climático o negociar que los recursos extraordinarios que se proponen del FCI se pueden destinar no sólo a gastos de capital sino también a determinados gastos corrientes que influyen claramente sobre nuestro potencial de crecimiento y productividad como la formación profesional dual, la educación de 0 a 3 años, los programas de I+D+i, la financiación de la Universidades públicas…

Valoremos bien informados y con objetividad las ventajas que aporta esta propuesta de financiación autonómica a Canarias y trabajemos de la mano para defender las cuestiones que desde el archipiélago entendemos fundamentales, como han sabido hacer otros. Seamos proactivos, tomemos el liderazgo y defendamos los intereses de Canarias, en este asunto merece bastante la pena.