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Política

“La nueva política de vivienda es la de acciones contundentes frente a la crueldad del desahucio”

16/05/2016
“La nueva política de vivienda es la de acciones contundentes frente a la crueldad del desahucio”

XH/ La portavoz de Vivienda del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Cruz Oval, afirma que frente a la demoledora inacción del Gobierno del PP en materia de vivienda, la Consejería de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias “está actuando con contundencia desde el primer momento para lograr limitar las consecuencias más crueles del drama del desahucio y poner las bases para poder afrontar el futuro con más garantías”.

La diputada del PSOE recuerda que el Ejecutivo de Rajoy ha permitido que el Instituto Canario de la Vivienda pasara de recibir 100 millones de euros en 2011 a 60 millones. Añadió que en 2011 se calificaron en Canarias 636 viviendas protegidas de acuerdo con los planes de vivienda estatales y autonómicos, pero en 2014 la cifra caía hasta 184, según datos del Ministerio de Fomento, “lo que pone de manifiesto el escaso interés del Gobierno de Rajoy por impulsar políticas de vivienda”. Por otra parte, expone que el PP, al haber interpuesto recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Canaria de Vivienda, “impidió que miles de personas de las islas no pudiera recibir sus ayudas entre 2009 y 2012”.

Cruz Oval indica que los problemas socioeconómicos existentes en torno a la vivienda son de diversa índole, la mayoría de carácter estructural y no coyuntural, debido a la crisis, si bien algunos de ellos se han visto agravados por el cambio de ciclo económico, al tiempo que han contribuido, también, a agudizar esa crisis. “El no tener vivienda impide a las personas afectadas realizarse y, en muchos casos, las condena a la exclusión social”, advierte.

Lamenta que familias que han pagado el 70 por ciento de su crédito hipotecario no han tenido la oportunidad de renegociar las condiciones  de su deuda. “Se les ha aplicado con rigidez la letra más pequeña de los contratos y, mientras muchas personas han perdido su hogar, existen cientos de viviendas vacías, como stock sobrante de una burbuja inmobiliaria reventada”.

Explicó que el PSOE considera que ante los desahucios no se ha estado a la altura de las circunstancias y, además, hay “dos bandos”: los que defienden a los afectados y los que defienden a las entidades financieras. “La Comunidad Autónoma de Canarias consideró que era fundamental intervenir para revertir lo que consideraba una situación injusta, y de este convencimiento nace la Ley Canaria de Vivienda, que pretendía ser un instrumento que diera respuesta y corrigiera desequilibrios, pero que el PP ha creído oportuno recurrir y paralizar”.

Por todo ello, la parlamentaria apuesta por resolver, en función de las disponibilidades presupuestarias, la convocatoria de ayudas al alquiler de viviendas correspondientes a las anualidades 2015-2016, para atender prioritariamente a las familias con escasos ingresos y que se encuentren en especiales circunstancias de emergencia social.

Asimismo, defiende la activación de programas de intermediación en el mercado del alquiler y la compraventa, como línea estratégica del nuevo Plan de Vivienda, para contribuir a reducir el fenómeno de la vivienda vacía en Canarias, combatiendo la especulación y poniendo en el mercado del alquiler social una parte de las viviendas que actualmente se encuentran desocupadas y no están cumpliendo el fin social de la propiedad.

Por último, aboga por reforzar el Servicio de Inspección y Disciplina de Vivienda, de acuerdo con lo previsto en los artículos 101,102 y 103 de la Ley de Vivienda de Canarias, con el fin de detectar, comprobar y registrar las viviendas que se encuentran en situación de permanente desocupación. “Es evidente que la utilidad social de este tipo de viviendas consiste en servir de domicilio habitual, por lo que la tenencia injustificada de una vivienda de protección pública vacía puede calificarse como un incumplimiento de su función social, dando lugar a medidas coercitivas, sancionadoras e incluso expropiatorias con carácter permanente”.