El PSOE quiere una ley de máximos que consolide el cuarto pilar del estado de bienestar

La portavoz de Política Social del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Cruz Oval, defendió este martes que la ley de servicios sociales de Canarias sea una ley de máximos que consolide el cuarto pilar del estado de bienestar. “Debemos pasar de una mera declaración de principios a una norma que garantice un derecho subjetivo a las personas”, dijo en la Cámara.

Durante el debate de primera lectura del proyecto de ley, agradeció la responsabilidad demostrada por el PSOE durante su etapa en el Gobierno por haber situado esta iniciativa entre sus prioridades por ser “seña de identidad” del Partido Socialista, así como a las entidades sociales que han presentado alegaciones para poder aspirar a tener la mejor ley posible, “una ley para todos y todas que, no obstante, aún dista mucho de ser el sueño al que aspira el PSOE”.

Como recordó, la primera Ley de Servicios Sociales la aprobó un Gobierno socialista hace 31 años y ha sido de nuevo el PSOE Canarias el que hará posible esta segunda ley. “Durante dos legislaturas, CC intentó aprobar, sin éxito, una nueva ley de servicios sociales. En apenas un año, la anterior consejera, Patricia Hernández, consiguió poner de acuerdo a los colegios profesionales, organizaciones sociales, cabildos y ayuntamientos”, dijo Cruz Oval.

La parlamentaria destacó el amplio consenso con que contó el anteproyecto de ley contó, así como el apoyo unánime con que superó el primer trámite del Consejo General de Servicios Sociales. Defendió la necesidad de evitar el “uso torticero” de esta nueva ley como una “especie de remedio universal para resolver todos los problemas sociales que lastran esta tierra, ya que superarlos implica acciones del conjunto del Gobierno”.

Teresa Cruz dijo que los significativos cambios experimentados en la última década justifican la apuesta por una ley que responda a las actuales demandas sociales, que avance hacia la igualdad entre mujeres y hombres, que se desarrolle ampliamente, que corrija las desigualdades territoriales y que consolide el sistema canario de servicios sociales con una financiación suficiente, estable y justa “que vaya más allá de las buenas voluntades de un convenio o subvención, como viene sucediendo”.

Frente a las debilidades del proyecto, la diputada abogó por aprovechar esta oportunidad para ver sus fortalezas, “porque antes de la aprobación definitiva tendremos la posibilidad de mejorar el texto con la presentación responsable de enmiendas”.

CALIDAD

Teresa Cruz Oval lamentó que “para otros” no esté en su agenda política esta ley, “lo que justifica, en parte, las grandes desigualdades sociales que existen en Canarias y que estemos a la cola en esas políticas, mientras permanecemos a la cabeza de la cabeza en superávit presupuestario”. Remarcó que como para el PSOE sí era y es esencial, “no bastaba con aprobarla de cualquier manera para cumplir un compromiso político”.

Recordó que el presidente Clavijo daba solo seis meses a la exconsejera Patricia Hernández para sacar adelante esa ley, mientras que el PSOE siempre defendió que se garantizase la participación para contar con un completo análisis de la realidad social canaria. “Esta ley es muy importante porque genera un derecho subjetivo nuevo de naturaleza social a la población canaria; es una ley para la igualdad, determina qué prestaciones y servicios deben estar garantizados, cuáles están condicionados a disponibilidad presupuestaria y, por primera vez, habrá una cartera de servicios y un catálogo de prestaciones”.

Para Cruz Oval, la ley “también da un salto significativo al pasar de un modelo con marcado acento individualizado a uno más integral y grupal, en el que la promoción social, prevención y eliminación de las causas que conducen a la exclusión social tienen un espacio relevante”. Al respecto, señaló que por primera vez se determina que las ayudas de emergencia social deben estar garantizadas y atendidas de forma inmediata.

El texto también pretende definir un marco de calidad en el sistema público de servicios sociales, devuelve a los ayuntamientos el “protagonismo hurtado por algunos insularismos y por el PP con la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, convirtiendo a los ayuntamientos en puertas de entrada al sistema”.

Teresa Cruz hizo hincapié en que este proyecto de ley “expresa un compromiso con lo público, convierte en prioritaria la gestión directa de las administraciones canarias con la colaboración de la iniciativa social, preferentemente sin ánimo de lucro, y ofrece un tratamiento detenido a los órganos de participación social”.