Apoyo unánime de la Cámara a la tramitación de la reforma fiscal del PSOE para el acceso a la vivienda
El Pleno del Parlamento de Canarias dio hoy su apoyo unánime a la tramitación de la proposición del PSOE de Ley de medidas fiscales para mejorar el acceso a la vivienda, propuesta que pretende dar respuestas a la preocupación de la ciudadanía canaria por las dificultades en el acceso a la vivienda. En este caso, se plantea una política fiscal para reducir los costes de la vivienda habitual y, de forma más especial, a los jóvenes, personas con discapacidad, familias numerosas, familias monoparentales y afectados por ejecuciones hipotecarias.
“La realidad social está, en el mejor de los casos, truncando los anhelos de emancipación de toda una generación y, en el peor de los escenarios, está empujando a muchas familias a situaciones de exclusión social”, dijo el portavoz parlamentario, Iñaki Lavandera, quien advirtió de que la actual nueva burbuja inmobiliaria está convirtiendo un bien esencial en objeto de la especulación. “Ante la debilidad de la demanda interna, una parte de la oferta ha desplazado su producto hacia el turismo, con lo que se ha contraído la oferta y se han disparado los precios”.
Indicó que Canarias es la segunda comunidad con peores salarios de todo el Estado, mientras que si analizamos la evolución del precio de adquisición de la vivienda entre 2014 y 2016, solo en Canarias y Baleares el aumento superó el umbral del 7,8 por ciento. En cuanto al dato de 2017, consideró “escalofriantes” las conclusiones: mientras en España se ha reducido en lo que va de año un 1,99 por ciento el precio de la vivienda, en Canarias se ha disparado un 9,14 por ciento, liderando el crecimiento nacional.
Lavandera señaló que el alquiler también se ha encarecido en Canarias, de tal forma que de 2014 a 2016 subió un 16,8 por ciento, es decir, 6,2 puntos más que la media nacional. “Si no adoptamos medidas ya, nos enfrentaremos en los próximos años a un fenómeno de consecuencias sociales impredecibles que ya está afectando a otras zonas con importante peso turístico”, expuso.
El portavoz recordó las propuestas que el PSOE ya ha puesto sobre la mesa, como el fortalecimiento de las políticas públicas de vivienda mediante la adquisición de grandes lotes a promotores y entidades financieras o la necesidad de ampliar los medios materiales y de personal con los que cuenta el Instituto Canario de la Vivienda.
“También hemos propuesto que el Gobierno aborde, de una vez por todas, la modificación del decreto del alquiler vacacional para aclarar el marco normativo del mercado de alquiler en Canarias. Cesando a la anterior Consejera no se soluciona la situación, porque el problema sigue estando ahí”, remarcó. Otra proposición de ley que adelantó es la que persigue que el Gobierno evalúe de oficio el impacto de cualquier cambio en la regulación de la vivienda vacacional en el mercado de la vivienda en general.
CONTENIDO DE LA LEY
Iñaki Lavandera explicó que la ley aprobada hoy persigue una bajada general de tipos impositivos y una subida de las desgravaciones de rentas vinculadas a la compra o al alquiler de una vivienda, siempre hablando de vivienda habitual. Para ello se modifica la regulación del tramo autonómico del IRPF, el IGIC y el impuesto sobre transmisiones y actos jurídicos documentados. Además se introducen mejoras específicas destinadas a los colectivos más débiles.
En cuanto al IRPF, con carácter general, se elevan las deducciones y el máximo deducible para la inversión en vivienda habitual y para el alquiler en vivienda, y sobre las deducciones por alquiler, consideró “una muy buena noticia” el informe del Gobierno donde se estima, con los datos de 2014, que calcula un coste de 14,5 millones de euros. “Esto supone, con los datos de hace cuatro años, que 29.000 contribuyentes canarios dispondrían de unos 500 euros anuales para cubrir otras necesidades, cifras que con los datos que ofrezca 2018 van a ser mucho mejores”, valoró.
Indicó que por primera vez en España se introduce una deducción para estimular fiscalmente a los propietarios que alquilan viviendas a precios socialmente sostenibles. El segundo bloque de propuestas se centra en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que grava la transmisión de inmuebles entre particulares.
Con carácter general, se crea un tipo reducido para la adquisición de vivienda habitual del 3 por ciento diferenciado de tipo aplicable a todas las transmisiones de inmuebles, que en la actualidad se grava al 6,5, con lo que se pretende abaratar al conjunto de la población la compra. Además, para propiciar la adquisición vía ahorro sin intermediación de entidades financieras y, por lo tanto, sin abono de interesas bancarios, se reduce el tipo de las opciones de compra del 1 al 0 por ciento y de las adquisiciones por subasta judicial del 7 al 3 por ciento, siempre y cuando se trate de inmuebles que vayan a constituir la vivienda habitual de los adquirentes.
La proposición de ley mantiene tipos reducidos para familias numerosas y personas con discapacidad, pero como novedad se reducen estos tipos del 4 al 1 por ciento y se extiende su aplicación a las familias monoparentales que, hasta ahora, no gozaban de esta protección fiscal. Los jóvenes menores de 35 años, que antes pagaban un 4 por ciento, ahora pagarán un 3 por ciento de tipo, además de una reducción del 20 por ciento sobre la cuota tributaria, régimen que será de aplicación también a las mujeres víctimas de violencia de género que adquieran una vivienda habitual.
Por primera vez, toda transmisión de vivienda protegida, ya sea oficial o de protección en régimen general, y tanto en el impuesto sobre transmisiones como en el IGIC, quedará libre de impuestos. “No vamos a seguir sometiendo a cargas impositivas a personas a las que organismos públicos, como el Instituto Canario de la Vivienda, han valorado como potenciales perceptoras en función de su nivel de rentas”, explicó Lavandera.
Con esta ley, el PSOE ofrece dos medidas para una segunda oportunidad a personas perjudicadas por desahucios o impagos de hipoteca: que las restructuraciones hipotecarias que conlleven dación en pago y un alquiler de la vivienda a la familia deudora queden exentas en el impuesto sobre transmisiones y la creación de una nueva deducción en el IRPF por las cantidades que abonen en concepto de alquiler. Esta deducción quintuplicaría la general y eleva en 300 euros el máximo deducible.
“Pretendemos que una familia que ha tenido que afrontar una restructuración de su hipoteca, perdiendo su propiedad para pagar la deuda y alquilándola a su vez, pueda disponer de hasta 1.200 euros más al año y que al banco no se le cobre la operación de transmisión para que no pueda repercutirla después a los deudores hipotecarios”.
En cuanto al IGIC, aplicable a la venta por promotores, se crean dos nuevos tipos reducidos. El diputado señaló que, hasta ahora, comprarle una vivienda directamente al promotor tributaba al 7 por ciento. Con esta propuesta, si la adquisición es para una vivienda habitual, la tributación será del 3 por ciento, y si el adquirente es un joven menor de 35 años, una persona con discapacidad, familia numerosa o monoparental, o mujer víctima de violencia de género, el tipo aplicable será del 2,75 por ciento.
“Esta proposición de ley es rigurosa y mantiene la estructura normativa de los impuestos afectados, como lo ha reconocido la Consejería de Hacienda en el informe del Gobierno. Su impacto presupuestario, a tenor de los datos ofrecidos por Hacienda, rondará los 25 millones sin afectar apenas a la financiación de las entidades locales”, explicó el portavoz, quien destacó que, por primera vez, se ha logrado poner de acuerdo a la consejera Valido y al PSOE en ese informe que considera que la norma tendrá una favorable incidencia en la sociedad canaria y, en particular, en las personas que por sus circunstancias sociales y económicas necesiten afrontar la compra o el arrendamiento de una vivienda.