El PSOE apela al consenso para garantizar servicios cercanos, accesibles y de calidad

XH/ La portavoz de Políticas Sociales del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Cruz Oval apeló hoy al consenso para lograr que la Ley de Servicios Sociales de Canarias “salga desde el máximo consenso para lograr que garantice proximidad y descentralización de unos servicios sociales cercanos, accesibles y de calidad”.

En el debate de toma en consideración de la propuesta del Partido Popular, recordó que la elaboración de esta norma es “uno de los ejes esenciales del pacto de Gobierno entre CC” y que todos los grupos parlamentarios coinciden en la delicada situación social que atraviesa la Comunidad Autónoma, “por lo que no es el momento para sacar adelante una ley de servicios sociales que no cuente con ese consenso”. El texto, dijo, debe incorporar las mejoras necesarias para avanzar en derechos a través de un sistema público de servicios sociales eficaz y de calidad, “requisito que no cumple el documento del PP”.

Entre las debilidades detectadas en la propuesta del Grupo Popular, destacó el hecho de que desmantele el sistema y estructura actual para crear otro en retroceso, más asistencialista y poco definido que atenta directamente contra Canarias como sociedad inclusiva. “También deja sin garantía de servicios y prestaciones a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad; supone un retroceso no sólo en el fondo, sino también en la forma en la que se conciben las políticas sociales y en lo que ha significado y significa para la ciudadanía el sistema público de servicios sociales de Canarias que se ha ido construyendo en las últimas décadas”.

La diputada del PSOE añadió que el documento del PP “tampoco incorpora el catálogo de servicios sociales aprobado en enero de 2013, imprescindible mientras no exista una ley estatal de Servicios Sociales, ni determina qué prestaciones están garantizadas; deja para un posterior desarrollo aspectos fundamentales que deben estar contemplados en la propia ley, como el reparto de competencias, la estructura orgánica de participación social o la financiación”.

Cruz Oval sostuvo que el texto del Grupo Popular “no garantiza su universalidad, y el derecho de acceso al sistema de servicios sociales no puede quedar en entredicho, en ningún caso, como lo hace este documento”. Afirmó, por otra parte, que la propuesta ‘popular’ “no culminó el proceso de participación que había iniciado el Gobierno anterior con organizaciones y colectivos sociales ni define los derechos relacionados con una atención social personalizada y profesionalizada”.

“También da a entender que si no hay dinero, no hay prestaciones, y si no hay prestaciones, no hay sistema público de servicios sociales en Canarias”, indicó la parlamentaria del PSOE, al tiempo que criticó que mantenga la “dicotomía entre Sistema Canario para la Autonomía y Atención a la Dependencia y el Sistema Canario de Servicios Sociales, y no un solo Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias”.

A su juicio, resulta imprescindible que la nueva ley articule con absoluta claridad las competencias en la prestación de servicios de cada ámbito de la administración, evitando lagunas, contradicciones o dificultades de interpretación, al tiempo que debe establecer las fórmulas o las estructuras para la necesaria coordinación entre ellas para así evitar duplicidades.

“El Partido Socialista considera que una buena ley de servicios sociales requiere de un proceso de elaboración donde prime algo más que tenerla aprobada ya”, dijo, e invitó al PP a que se incorpore a la elaboración del nuevo proyecto de Ley de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias y “haga todas las aportaciones que considere oportunas, con la finalidad de contar en esta Comunidad Autónoma con una ley de tercera generación, que nos coloque a la cabeza en prestación de servicios sociales”.