El PSOE reclama al Gobierno Rajoy que reconozca la deuda del Estado con Canarias en materia de carreteras
El senador socialista por la Comunidad Autónoma de Canarias, Julio Cruz, reclamará al Gobierno que reconozca la deuda generada por incumplimiento de sus obligaciones de financiación en el vigente Convenio de Colaboración entre la Administración General del Estado y el Gobierno de Canarias en materia de carreteras-suscrito el 31 de enero de 2006 y actualizado en 2009 por una Adenda, cuyo vencimiento es el 31 de diciembre de 2017-, y a que acuerde con el Gobierno de Canarias el pago de forma extraordinaria de la deuda de 1.408 millones de euros por los perjuicios generados en la presente Legislatura.
Así lo demanda el senador canario en una moción consecuencia de interpelación, sobre la que el Pleno de la Cámara se pronunciará la próxima semana, en la que insta también al Ejecutivo a dar la máxima prioridad, a la adjudicación y ejecución de las 11 actuaciones no iniciadas en la actualidad, así como a la terminación de los 14 actuaciones en ejecución, todas ellas previstas en el Anexo II del vigente Convenio y que afectan a las siete Islas, de forma tal que no se inicien otras actuaciones hasta tanto no estén en ejecución y con financiación garantizada las mismas.
Otra de las reivindicaciones de la moción socialista reclama al Gobierno que culmine las negociaciones encaminadas a la redacción de un nuevo Convenio de Carreteras donde se establezca el régimen de colaboración, coordinación y financiación entre la Administración General del Estado y el Gobierno de Canarias en materia de infraestructuras de carreteras, a los efectos de lo establecido en los artículos 95 y 96 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, y en el artículo 12 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, ambas leyes de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, dando cabida en el mismo a las previsiones contemplados en los puntos anteriores, así como previsiones de financiación de otras actuaciones.
Por último, en materia aeroportuaria, los socialistas piden al Ejecutivo que lleve a cabo las modificaciones precisas para resolver urgentemente las conexiones entre las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Tenerife Sur de forma que sean plenamente operativas; resolver los problemas de goteras del Aeropuerto Tenerife Norte; e iniciar los estudios técnicos y redacción de proyectos precisos para la ejecución lo antes posible de la ampliación de la pista del Aeropuerto de Lanzarote.
El senador del PSOE argumenta en su iniciativa que “si bien, la Constitución Española reconoce en su artículo 138.1, la particularidad del hecho insular, no es fácil entender en territorio continental, las especiales dificultades que tenemos los canarios de movilidad interna en cada isla, que se agravan en la necesaria y obligada movilidad con otras islas, y que se multiplican exponencialmente en la movilidad con la Península”. “No solo en cuanto a que exista posibilidad de comunicarnos, no solo en cuanto a la distancia por kilómetros, sino fundamentalmente por los costes”, precisa.
Al hilo de ello, denuncia que en los seis años de Gobierno del Partido Popular el incumplimiento de los planes de inversión previstos en los aeropuertos canarios ha resultado “clamoroso”, afectando en estos momentos tanto a la operatividad de alguno de los aeropuertos como al servicio que se presta a los millones de usuarios. Además, subraya que España tiene en Canarias una posición estratégica entre tres continentes. Somos el sur de Europa, y en una situación geográfica privilegiada para ser cabeza de puente en las conexiones de Europa con África y Sudamérica. En este sentido, lamenta que “la falta de visión y apuesta” del Gobierno del Partido Popular por Canarias, “con ese trato sectario en los últimos cinco años”, nos ha llevado a que España y Canarias no jueguen ese papel de conectividad entre los tres continentes. “Sirva de ejemplo la puesta en marcha de la V Libertad Aérea para Canarias que sigue durmiendo el sueño de los justos, en un cajón oscuro y remoto en el sótano del Ministerio”, reprocha.
Para el senador canario, si el transporte aéreo y marítimo, para los canarios y visitantes, y las infraestructuras que le sirven de apoyo, son elementos estratégicos vitales para la movilidad dentro y hacia el Archipiélago, dentro de cada Isla las carreteras entre esas infraestructuras y los principales núcleos de población y de estos entre sí, son también de interés general. Así, recuerda que el Estatuto de Autonomía de Canarias, atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de carreteras. “Lo no quiere decir que no haya carreteras de interés general en nuestra Comunidad Autónoma, que si que las hay, ni que le Estado no tenga obligaciones legales de financiación anual de las mismas, que si las tiene”, precisa.
En este sentido, Julio Cruz critica que de los 1.242 millones de euros firmados para el periodo de 2012 a 2017, el Gobierno de Mariano Rajoy sólo habrá enviado a Canarias 500,3 millones de euros, a finales de este año. “Un recorte sectario, desproporcionado, unilateral y de abuso de posición dominante y castigo con Canarias y, especialmente, para los 2.200.000 canarios y canarias”, denuncia.
De igual manera, critica al Ejecutivo por el incumplimiento de las 60 obras programadas en los convenios –11 de ellas con distintos grados de ejecución y 14 pendientes de licitar y ejecutar- y destacando la importancia de dichas infraestructuras para las Islas, como por ejemplo, el cierre del anillo insular en Tenerife; la segunda fase de la carretera de la Aldea; tramo el Risco-Agaete, en Gran Canaria; tramo Bajamar-Tajuya y el acceso al Puerto de Tazacorte en la Isla de la Palma; la variante de Vallermoso y la importante carretera Arure-Alajeró-Aeropuerto, ambas en la Isla de la Gomera; primera fase tramo 2 de Frontera a Sabinosa en la Isla del Hierro; Puerto el Rosario-la Caldereta en Fuerteventura o Yaiza-Arrecife en Lanzarote, están esperando por los recursos del Estado.
Para terminar su exposición, Julio Cruz insiste en poner de manifiesto que en estos últimos seis años, el Gobierno de Mariano Rajoy ha generado “solo en infraestructuras de carreteras” una deuda con Canarias de “1.408 millones de euros” y remarca que las consecuencias han sido “devastadoras para las infraestructuras de cada una de las Islas”, y más devastadoras “para el empleo, con un incremento muy notable del paro en el sector de la construcción, la “ruina y quiebra de muchas empresas”, así como perjuicios de todo tipo: económico, social y de cohesión territorial. “Perjuicios a los que hay que añadir el esfuerzo del Gobierno de Canarias para hacer frente a los compromisos firmados y contratados por valor de 628 millones de euros desde 2012 hasta la fecha, además de los 780 millones de euros de incumplimiento del convenio a finales de 2017”, remacha.